El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha alertado de "una grave amenaza para el empleo de personas con discapacidad, que puede provocar la pérdida de miles de puestos de trabajo en este sector de población, si el Gobierno no matiza con urgencia una interpretación judicial altamente lesiva de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social".

Según informó el Cermi, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó el pasado mes de noviembre sendas sentencias de unificación de doctrina, que consideraban que el Gobierno, en 2013, se extralimitó en la delegación legislativa que dio como resultado la adopción del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en concreto en lo relativo a la asimilación que se hace en su artículo 4 entre situaciones de incapacidad laboral de Seguridad Social y consideración legal de persona con discapacidad, a todos los efectos, incluido los de empleo y laborales.

"El Tribunal Supremo no discute ni pone en tela de juicio el fondo de la cuestión (la asimilación legal entre ambas situaciones), sino que tan solo aprecia un defecto formal por parte del Gobierno que aprobó el texto refundido, que fue más allá de las atribuciones que había recibido del legislador para efectuar la refundición de las principales leyes reguladoras de la discapacidad en España", agrega el Cermi en una nota.

Esta interpretación del Tribunal Supremo está llevando a algunas comunidades autónomas, como Canarias, responsables de la gestión de las políticas activas de empleo, a no considerar personas con discapacidad, a efectos laborales, a personas con incapacidad laboral de Seguridad Social, que fueron asimiladas a la condición de discapacidad en virtud de la ley ahora matizada por el Supremo. La pérdida de esta homologación legal de situaciones supone que no computen como personas con discapacidad a efectos de la cuota legal de reserva y se ven privados de las ayudas y apoyos públicos para ser contratados por parte de los empresarios, "lo que puede llevar a la desaparición de miles de empleos de personas con discapacidad, ya insertadas en el mercado de trabajo, agravando una situación laboral insostenible para este sector".

"La solución a esta encrucijada jurídica es sencilla y está en manos del Gobierno, pues se trata solo de corregir el defecto formal señalado por el Tribunal Supremo, reconfirmando con otra norma de rango legal y urgente (real decreto-ley) el apartado 2 del artículo 4, en sus términos exactos vigentes, de la Ley General de Derechos de 2013", indica la nota. "Con esta medida, el enorme peligro para el empleo de personas con discapacidad, con destrucción masiva potencial de puestos de trabajo, desaparecería, recuperando una normalidad quebrada por la interpretación judicial de un aspecto meramente formal de un proceso legislativo que adoleció de este defecto, sin que esté en entredicho ninguna cuestión de fondo relevante".

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