La ministra de Educación y FP en funciones, Isabel Celaá, anunció  que su departamento sacará adelante un Real Decreto donde se recogerán las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad.

Dicha norma verá la luz después de que el nuevo parlamento apruebe el proyecto de ley para la reforma educativa presentado por el ejecutivo socialista antes de las elecciones, según avanzó Celaá en la entrega de los premios Fiapas de Investigación en Deficiencias Auditivas celebrada hoy en Madrid.

En su intervención, la ministra destacó que este real decreto de desarrollo de la nueva ley educativa recogerá lo "estipulado por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" ratificada por España, que en su artículo 24 reconoce el derecho a una educación de calidad en igualdad de conciones.

Su intención es "armonizar las distintas normas y actuaciones puestas en marcha por las comunidades autónomas", explicó, pues "aunque hay legislaciones muy avanzadas, el marco común aún necesita mucho desarrollo".

La ministra en fuciones explicó que las medidas previstas en la futura norma parten de un estudio detallado de algunas regiones españolas y de varios países europeos como "nuestro vecino Portugal, que han avanzado mucho en educación inclusiva".

Entre estas, Celaá citó la mejora de la formación inicial del profesorado; la mayor dotación de recursos a los centros educativos; una flexibilización del currículum y de los sistemas de evaluación; profundizar la detección precoz y la atención temprana, y una renovación de los procesos de evaluación psicopedagógica que dan lugar a los dictámenes de escolarización.

PROPUESTAS

Según Celaá, un objetivo de este Real Decreto es promover "una actitud favorable hacia la educación inclusiva entre todo el profesorado, pero ello solo será posible si estos se sienten preparados" para abordar estas nuevas realidades complejas.

En este sentido, abogó por incorporar a la formación inicial conocimientos sobre sistemas de comunicación alternativos, competencias a fin de detectar necesidades de apoyo de forma temprana, nuevas metologías de enseñanza como el trabajo por proyectos o la docencia compartida, etc.

Celaá indicó también la necesidad de flexibilizar el currículum, de cara a "condensar las competencias básicas y evitar un aprendizaje de tipo eciclopédico" y, en línea con esto, revisar los sistemas de evaluación.

"Debemos encontrar el método de evaluación que sea capaz de decirnos de verdad lo que un alumno ha aprendido", apuntó, pero al mismo tiempo "no podemos permitir que una evaluación excesivamente rígida deje fuera a los alumnos con discapacidad".

Por otro lado, aseguró que el Real Decreto contendrá referencias a la urgencia de dotar a los centros educativos con los recursos físicos y tecnológicos necesarios que garanticen la accesibilidad de los alumnos con discapacidad, así como con los especialistas de apoyo que precisen (intérpretes, profesores de audición y lenguaje, terapeutas, etc.).

Además, la ministra indicó que todas estas medidas serán evaluadas en fución de los resultados, y pidió la colaboración de las familias y las asociaciones de personas con discapacidad para la redacción de la norma y puesta en marcha.

Por último, señaló que en esta norma "se garantizarán las medidas necesarias que faciliten la continuidad de los alumnos con discapacidad en los estudios posobligatorios", con especial atención a la ESO y a la formación de adultos.

 

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