La nueva legislación sobre contratación pública para los llamados sectores excluidos, que complementa la general aprobada en 2017, vuelve a reconocer a la iniciativa social emprendedora en el ámbito de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, respaldando su papel en la generación y mantenimiento del empleo para este grupo social.

El Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 5 de febrero, repite el esquema de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y reserva un porcentaje de licitaciones públicas exclusivamente a centros especiales de empleo de iniciativa social, no a los de iniciativa privada.

Ya la ley de 2017, a impulsos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), el Parlamento modificó la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para definir en sede legal el centro especial de empleo de iniciativa social, diferenciándolo así del puramente privado.

“La contratación pública bien regulada y utilizada es un poderoso instrumento de inclusión para grupos en situación de fragilidad como las personas con discapacidad, por lo que una legislación favorable a la dimensión social, como la de 2017 y ésta que acaba de aprobarse mediante Real Decreto Ley, constituye un resorte de primera importancia para, entre otros fines, avanzar en el acceso al empleo decente”, valoró el Cermi.

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