• El Informe Seres-Deloitte analiza la actividad social de 76 compañías españolas
  • Seis de cada diez empresas "mejoran la calidad de vida de sus empleados"
  • La responsabilidad social corporativa cotiza al alza entre las grandes corporaciones

El 86% de las grandes empresas españolas integra a personas con discapacidad en sus propias plantillas frente al 14% que prefiere hacerlo a través de Centros Especiales de Empleo. Además, tanto unas como otras dicen cumplir con creces con la obligación de insertar laboralmente a este tipo de colectivos, en un porcentaje del 9% frente al 2% que exige la Ley General de Discapacidad para las empresas de más de 50 empleados.

 

En concreto, el volumen de personas incorporadas laboralmente el año pasado llegó a 150.782 profesionales, cinco veces más que el mismo registro de 2013, entonces de 30.825 empleados.

Los anteriores datos se desprenden de la VI Edición de Informe Seres-Deloite, realizado entre 76 grandes corporaciones instaladas en España, que mide el impacto y la contribución real de las empresas a la sociedad, y donde se recalca que "seis cada diez compañías fomentan el trabajo decente y el crecimiento económico, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y de su entorno".

La inversión en responsabilidad social corporativa deriva en la rentabilidad y genera una huella positiva en el futuro

En la actualidad, el número de beneficiarios directos de la responsabilidad social empresarial continúa creciendo y ya alcanza a 33 millones de personas de forma directa y a 55 millones de manera indirecta. Para ello, las empresas analizadas por el informe Seres-Deloitte han destinado una inversión en Responsabilidad Social Corporativa de 1.246 millones de euros. Además, la cifra de iniciativas relacionadas con el ámbito social (14,648 proyectos) siguen incrementando en España, con especial atención en los ámbitos relacionados con la educación, salud y bienestar social.

Respecto a la conveniencia de la medición de este tipo de variables, Fernando Ruíz, presidente de Deloitte y vicepresidente de la Fundación Seres, ha solicitado la incorporación de "un apartado sobre la aportación social de la empresa" en los requerimientos contables de las compañías.

Francisco Román, presidente de la Fundación Seres, elogió la "contribución social de las empresas españolas", comportamiento que "además de derivar en rentabilidad, también genera una huella positiva en el futuro". En su opinión, "las compañías son los entes más preparados para gestionar el cambio de épocas de incertidumbre", al tiempo que el aumento de la colaboración y el compromiso social "implicará sin duda una sociedad más sana y justa".

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10209328/11/19/La-integracion-laboral-de-las-personas-con-discapacidad-se-ha-quintuplicado-en-Espana-desde-2013.html

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Fundación ONCE y la Fundación Bequal han publicado una guía con el fin de proporcionar a las sociedades cotizadas pautas para que en la información no financiera puedan recoger todas aquellas medidas puestas en marcha en materia de discapacidad y de accesibilidad universal.

La guía, titulada ‘Discapacidad, Información no Financiera, Transparencia y Buen Gobierno - Avanzando en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible’, se publica coincidiendo con la celebración este miércoles del cuarto aniversario de la aprobación por parte de Naciones Unidas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se puede acceder y descargar la guía en este enlace.

El documento comienza con un repaso por las obligaciones legales existentes en la actualidad, que se han visto incrementadas a finales del pasado año, cuando se aprobó la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, de información no financiera y diversidad.

Con ella, se transpuso al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre esta materia y se introdujeron mandatos añadidos, logrando una ley más exigente, gracias a la labor de incidencia de la sociedad civil articulada en torno a la discapacidad.

Las empresas obligadas a publicar estados de información no financiera acompañando a las Cuentas Anuales son las que tienen una plantilla superior a 500 personas, las que tienen carácter de interés público o las que superan un determinado volumen de negocio, entre otras. Eso sí, el número de empresas afectadas se irá incrementando en los próximos años.

Las sociedades cotizadas, según la legislación vigente, deben garantizar aspectos como el respeto al medioambiente o la igualdad de género, así como la no discriminación por razón de discapacidad, entre otras cuestiones.

En este sentido, para que las políticas que se llevan a cabo en las empresas quede adecuadamente reflejada en la información no financiera, la guía del Cermi, Fundación Bequal y Fundación ONCE aconseja explicar si uno de los criterios a la hora de seleccionar a integrantes del órgano superior de gobierno es escoger a personas con discapacidad, a fin de reflejar la diversidad social existente. Si es así, conviene también desgranar los detalles de los procedimientos y el número total de personas con discapacidad desagregados por género.

Igualmente, es preciso señalar el porcentaje de personas con discapacidad en plantilla, la cifra total separada entre hombres y mujeres y la tipología de contrato laboral. El documento destaca la necesidad de que se recojan las medidas de accesibilidad universal en las instalaciones, productos, servicios y comunicaciones de la organización, indicando los recursos humanos, materiales y económicos destinados a este fin.

Por otro lado, la guía apuesta por que las sociedades incluyan en sus memorias si se ha detectado algún caso de discriminación por razón de discapacidad y cómo lo ha afrontado la organización.

Al mismo tiempo, aconseja que se incluya el número total y el porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas para proteger los derechos de las personas con discapacidad, en consonancia con el respeto a los derechos humanos.

Por último, la guía recuerda que las empresas deben estar alineadas con el cumplimiento de los ODS, que mencionan hasta en 11 ocasiones a las personas con discapacidad y, además, les afecta de manera transversal. Asimismo, señala la obligatoriedad de cumplir la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que al haber sido ratificado por parte del Estado español forma parte de su ordenamiento jurídico.

https://www.servimedia.es/noticias/1175594

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