El Gobierno dará luz verde este martes al nuevo baremo para determinar el grado de discapacidad que, entre otras novedades, contempla trámites de urgencia para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedades raras o para víctimas de violencia de género. Aterriza así una demanda que vienen haciendo las personas con discapacidad desde hace una década y que el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas se comprometieron a cumplir en diciembre de 2021.
El real decreto que llevará el departamento de Ione Belarra al Consejo de Ministros de este martes sustituirá al actual, de 1999, y marcará los procedimientos a seguir para valorar y calificar el grado de discapacidad en España. El nuevo sistema aspira a atajar con la "desesperante" e "intolerante" espera que, tal y como ha denunciado el colectivo en varias ocasiones, afrontan los miles de personas que piden que su discapacidad sea reconocida y, por ende, sus derechos.
En esa línea, y según el documento al que ha tenido acceso 20minutos, el nuevo baremo establece un trámite de urgencia (reducir los plazos a la mitad) por "causas humanitarias" o "de especial necesidad social, de salud y de esperanza de vida". Incluyen aquí a personas afectadas por enfermedades como la ELA; o a las víctimas de violencia machista, "ya que muchas de ellas adquieren discapacidades tras sufrir violencia", explican fuentes del departamento de Belarra.
En general, la iniciativa busca "agilizar" y "flexibilizar" los trámites a través de medios telemáticos para asegurar la "accesibilidad universal" de todo el proceso. Es decir, que algunas valoraciones podrán llevarse a cabo por medios no presenciales o telemáticos, si las circunstancias así lo requieren.
Se avanza igualmente en la calificación de "realidades" que causan discapacidad, como pueden ser los autismos o las enfermedades raras. La norma contempla, de hecho, la posibilidad de revisión a medida que vayan surgiendo "nuevas causas de discapacidad" o si se llevan a cabo nuevos descubrimientos científicos.
Además, el nuevo baremo garantiza el derecho de los menores con discapacidad a ser "informados, oídos y escuchados sin discriminación por razón de la edad o discapacidad", e incluye a la sociedad civil de la discapacidad como integrante de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.