El presidente del Consejo General del Notariado recuerda que también se aplica en casos de discapacidad sobrevenida, incluyendo por motivos de edad, algo de lo que puede ser susceptible toda la población
El presidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Madrid, José Ángel Martínez Sanchiz, ha puesto en valor la ley aprobada hace unas semanas, que elimina la incapacidad jurídica de personas con discapacidad y la sustituye por un sistema de apoyos, y que beneficiará a "todos los residentes en España". Y es que aunque en esta norma, impulsada por Aequitas, la Fundación del Notariado, y el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi), se habla de beneficiar a casi 4 millones de personas pertenecientes al colectivo de la discapacidad, Martínez Sánchiz ha recordado que también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, incluyendo por motivos de edad, algo de lo que puede ser susceptible toda la población. A los directamente beneficiarios de esta norma, ha explicado Martínez Sanchiz, hay que añadir sus familias, implicadas también en la labor de apoyo que deben recibir estas personas. El notario de Madrid, Alfonso Madridejos, en la misma línea, ha destacado, de hecho, el "cambio de chip" que deben hacer los allegados de las personas con discapacidad en este proceso.
Tal y como ha indicado otro de los profesionales presentes en el acto, Manuel Lora-Tamayo, las familias deberán cambiar su mentalidad para pasar de un sistema basado en la protección, en la tutela y el paternalismo, a otro en el que la persona con discapacidad ha de ser participativa y se le tiene que escuchar.
La norma aprobada evita que todas las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora, deberán acudir al notario donde, con la ayuda de apoyos voluntarios (familia, allegados) recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones, que quedarán acreditadas por el profesional de la notaría. Solo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de las personas.
Esta reforma supone, también, una "disminución tremenda" de los procedimientos judiciales en esta materia, según ha indicado Madridejos. De este modo, solo serán necesarios en casos "excepcionales". Rivas también destaca la reducción en costes económicos que esto implicará a las familias, así como una reducción del coste en tiempo, ya que elimina las autorizaciones judiciales previas que necesitaban muchas de estas personas para casi cualquier trámite. Ahora, "son preferentes" las decisiones tomadas con la ayuda necesaria, ha recordado el presidente del Consejo General del Notariado. Cuando esta norma entre en vigor, previsiblemente en septiembre, todas las personas con incapacidad jurídica deberán revisar su situación, ha indicado Martínez Sanchiz, quien ha explicado que, según recoge en su texto, las personas con discapacidad tienen un periodo de un año para "ajustar su situación" a la nueva normativa. Finalmente, Madridejos, del Colegio de Madrid, ha destacado la importancia de adelantarse a las posibles discapacidades sobrevenidas y la posibilidad de dejar las voluntades establecidas, a través de los notarios, en este sentido, ya sea sobre patrimonio, sobre el traslado a residencias o de ciudad, sobre quién administra los cuidados o sobre determinados poderes.