"Que la regulación legal del trabajo a distancia, no presencial o teletrabajo recoja debidamente la realidad y las peculiaridades de las personas con discapacidad, para no quedar excluidas o en peores condiciones de esta modalidad de prestación laboral". Es lo que planteó el pasado sábado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), al Gobierno
Así lo confirmó el comité en una nota ante el anuncio del Gobierno de que tiene intención de regular legalmente el teletrabajo, aunque se ha impuesto sobrevenidamente como consecuencia de la pandemia ocasionada por el coronavirus que ha obligado al cierre de empresas y centros laborales y a trabajar desde el confinamiento domiciliario. Por ello, el Cermi considera que "esta nueva normativa tiene que tener muy presente la situación y necesidades de las personas con discapacidad".
"Un aspecto esencial es el de garantizar las condiciones de accesibilidad universal de los canales, soportes y formatos de teletrabajo, para que ningún trabajador a distancia con discapacidad vea mermadas su empleabilidad y el despliegue pleno de sus potencialidades laborales", recalcó el Cermi.
En la nota, también advierte que el teletrabajo no puede ser "una excusa" para debilitar los derechos de los trabajadores o reducir las condiciones laborales, "sino una modalidad, ya sea a tiempo completo o parcial, de la prestación laboral como el mismo grado de protección que la presencial".
Para el movimiento social de la discapacidad, "el teletrabajo su se regula bien abrirá ventanas de oportunidad para un mayor acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad".