El Gobierno acordó establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, nueva efeméride que, propuesta por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social e impulsado por el movimiento asociativo, tendrá por objetivo conmemorar y reconocerla importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad.
En palabras de Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE),, “la declaración de este Día va a servir para que se siga promoviendo la cultura de los derechos humanos en el ámbito de las personas con discapacidad. Y es que gracias a esta medida, se va a impulsar el conocimiento de los valores y principios recogido en la Convención. Esperamos que sirva para su plena aplicación en todos los niveles políticos y sociales con el objetivo de garantizar todos los derechos de las personas con discapacidad”.
Garantizar los derechos
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. Los principios y los derechos que se reconocen en la Convención comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone la consagración del enfoque de derechos a la hora de diseñar políticas dirigidas a este colectivo.
Como destaca COCEMFE, “gracias a la Convención, se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y el Estado está obligado a garantizar que su ejercicio sea pleno y efectivo”.
De hecho, la aprobación y entrada en vigor de la Convención ha conllevado importantes cambios entre los que desatacan la visibilidad del colectivo de personas con discapacidad dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el hecho de contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
Como concluye el Gobierno, “la legislación española es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y está a la cabeza en los países de la Unión Europea en esta materia”.