El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha alertado de "una grave amenaza para el empleo de personas con discapacidad, que puede provocar la pérdida de miles de puestos de trabajo en este sector de población, si el Gobierno no matiza con urgencia una interpretación judicial altamente lesiva de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social".

Según informó el Cermi, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó el pasado mes de noviembre sendas sentencias de unificación de doctrina, que consideraban que el Gobierno, en 2013, se extralimitó en la delegación legislativa que dio como resultado la adopción del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en concreto en lo relativo a la asimilación que se hace en su artículo 4 entre situaciones de incapacidad laboral de Seguridad Social y consideración legal de persona con discapacidad, a todos los efectos, incluido los de empleo y laborales.

"El Tribunal Supremo no discute ni pone en tela de juicio el fondo de la cuestión (la asimilación legal entre ambas situaciones), sino que tan solo aprecia un defecto formal por parte del Gobierno que aprobó el texto refundido, que fue más allá de las atribuciones que había recibido del legislador para efectuar la refundición de las principales leyes reguladoras de la discapacidad en España", agrega el Cermi en una nota.

Esta interpretación del Tribunal Supremo está llevando a algunas comunidades autónomas, como Canarias, responsables de la gestión de las políticas activas de empleo, a no considerar personas con discapacidad, a efectos laborales, a personas con incapacidad laboral de Seguridad Social, que fueron asimiladas a la condición de discapacidad en virtud de la ley ahora matizada por el Supremo. La pérdida de esta homologación legal de situaciones supone que no computen como personas con discapacidad a efectos de la cuota legal de reserva y se ven privados de las ayudas y apoyos públicos para ser contratados por parte de los empresarios, "lo que puede llevar a la desaparición de miles de empleos de personas con discapacidad, ya insertadas en el mercado de trabajo, agravando una situación laboral insostenible para este sector".

"La solución a esta encrucijada jurídica es sencilla y está en manos del Gobierno, pues se trata solo de corregir el defecto formal señalado por el Tribunal Supremo, reconfirmando con otra norma de rango legal y urgente (real decreto-ley) el apartado 2 del artículo 4, en sus términos exactos vigentes, de la Ley General de Derechos de 2013", indica la nota. "Con esta medida, el enorme peligro para el empleo de personas con discapacidad, con destrucción masiva potencial de puestos de trabajo, desaparecería, recuperando una normalidad quebrada por la interpretación judicial de un aspecto meramente formal de un proceso legislativo que adoleció de este defecto, sin que esté en entredicho ninguna cuestión de fondo relevante".

En un documento publicado por la Comisión de Mujeres del EDF, que Cermi Mujeres sitúa como contenido de apertura de su boletín mensual ‘Generosidad’

El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) ha denunciado que las mujeres y niñas con discapacidad siguen sufriendo “tratos discriminatorios y maltratos que afectan de manera particular a su salud sexual y reproductiva y a sus derechos sexuales y reproductivos, con consecuencias importantes y a veces irreparables para sus vidas”.

Esta es la posición del EDF expresada a través de un documento elaborado por la Comisión de Mujeres de la organización europea y supone a su vez el contenido de apertura de la edición 45 del boletín ‘Generosidad’ de la Fundación Cermi Mujeres (FCM), correspondiente al mes de abril.

El documento de posicionamiento público del EDF sobre los derechos sexuales y reproductivos ha visto la luz gracias a una iniciativa del Comité de Mujeres del EDF y ha contado con el asesoramiento del Lobby Europeo de Mujeres durante el proceso de elaboración. Dicho texto denuncia, entre otras cuestiones, que “rara vez las mujeres con discapacidad reciben los apoyos necesarios durante su maternidad”.

El documento señala que “existe una falta generalizada de sensibilización, información, educación y formación entre las mujeres y niñas con discapacidad, sus familias y los profesionales de los sectores de la atención sanitaria, la educación y el poder judicial. Con frecuencia los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de ginecología y obstetricia, no son accesibles y disponen de pocos dispositivos técnicos de apoyo y servicios de asistencia personal, o no disponen de ninguno para garantizar que se respeten la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.

”Consecuentemente, desde la niñez las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad ante la explotación sexual, la violencia, los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual, incluso, frecuentemente, a manos de las personas más cercanas y sin que se sepa o se denuncie”, abunda la Comisión de Mujeres del EDF.

Por otro lado, la publicación ‘Generosidad’ de la FCM recoge en esta ocasión el examen al que España ha sido sometida por parte de la ONU sobre el grado de cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la información generada durante la III Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad, organizada por la FCM y celebrada en el Ministerio de Trabajo, donde precisamente se analizó la situación de las mujeres con discapacidad ante el mercado laboral.

Un balance de los proyectos de inclusión sociolaboral de las mujeres con discapacidad en Extremadura y el cambio de nombre de la sala principal de la sede del Cermi Estatal, para pasar a denominarse Espacio Cermi Mujeres, son otros de los temas que incluye ‘Generosidad’.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha remarcado  que la igualdad de las personas con discapacidad "no es una opción política, sino un mandato constitucional", por lo que ha recordado que todos "nos debemos ver obligados a cumplir con ella".

Así lo ha indicado durante su intervención en el Desayuno por Talento 'La inclusión social en las políticas municipales', organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad, donde ha defendido que el derecho a disfrutar de la ciudad a través de la accesibilidad "es un postulado universal".

La ministra ha destacado que durante los últimos 50 años se ha avanzado mucho "gracias al impulso de la ONCE y de la sociedad civil, que se han organizado y han puesto estos temas encima de la mesa para lograr una sociedad más tolerante con las necesidades de los ciudadanos".

Batet ha comentado que las administraciones públicas están "al servicio de esas necesidades de la mayoría de ciudadanos, en especial de los más vulnerables", cuyos derechos "hay que proteger para superar sus discriminaciones", ha dicho, al tiempo que ha abogado por establecer un marco normativo "para luchar contra ella", además de "velar por las normas en todos estos ámbitos, actuando ejemplarmente en el ámbito de la función pública para demostrar la igualdad".

La responsable de Política Territorial y Función Pública ha subrayado que las situaciones de vulnerabilidad "no van solas", porque las personas con discapacidad "sufren otras discriminaciones", señalando que dicha discriminación "se acentúa en el ámbito de la violencia de género", por lo que, a su entender, "hay que seguir avanzando y no dejando a nadie atrás, promoviendo la igualdad efectiva y los avances".

100.000 PERSONAS VOTAN POR PRIMERA VEZ

Batet ha valorado, asimismo, que el derecho a voto que ejercerán este año por primera vez más de 100.000 personas con discapacidad en España "dignifica a toda la sociedad" y ha manifestado que de esta forma "se reconoce un derecho que deberían tener desde el principio".

En este sentido, ha apuntado que en unos días se cumplirán 40 años de las primeras elecciones municipales democráticas y ha reconocido que los alcaldes de los pequeños municipios "han sabido responder a las necesidades de algunas demandas" y, "sin excusas, han trabajado por sus vecinos".

"Habéis sido quienes habéis aplicado el dinamismo en vuestros municipios en el avance de las personas con discapacidad, porque las ciudades diseñadas de manera inclusiva responden con servicios y apoyo a quien lo necesita y atienden las demandas de los diferentes colectivos de la discapacidad", ha aplaudido, para, a continuación, instar a "seguir avanzando para que las ciudades inclusivas sean una realidad en nuestro país.

En la misma línea, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha reivindicado "igualdad de trato", así como de "condiciones, derechos y obligaciones como ciudadanos", para las personas con discapacidad y ha destacado que 100.000 de ellas tendrán la "experiencia ansiada" de votar por primera vez el próximo 28 de abril en los comicios generales.

Carballeda ha advertido de que en los próximos comicios "algo va a cambiar" después de que, "durante muchos años", no se haya permitido votar a un "número importante" de ciudadanos que en la próxima cita electoral podrán ejercer libremente "por ellos mismos su derecho al voto" después de que, "incluso, alguna persona ha dudado de la conveniencia o no de permitirles votar pensando en si tendrían la libertad suficiente o la capacidad de hacerlo".

El presidente del Grupo Social ONCE se ha referido también a la "España vaciada" y, en este punto, ha hecho hincapié en las necesidades y dificultades de las personas con discapacidad que viven en ella, instando a "tener en cuenta" a este colectivo para que "pueda seguir formando parte de su municipio como una persona más".

Por todo ello, ha invitado a "hacer un esfuerzo por todos los ciudadanos, sin excepción, tengan o no discapacidad" y que viven en municipios que, a su juicio, "deberían ser más accesibles para que estas personas no tengan que abandonarlos".

AYUNTAMIENTOS: ALIADOS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL

Por su parte, la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha admitido que, "conscientes de esta realidad", Fundación ONCE e Inserta Empleo tratan de convertir a los ayuntamientos en "aliados para conseguir la inclusión social y laboral de este colectivo", que "lo tiene más complicado que el resto", ya que se trata de un "actor de gran importancia por su proximidad a las necesidades del territorio sobre el que actúan".

A este respecto, en 2016 Inserta Empleo empezó a firmar convenios con municipios que establecen un "marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad". "Demos la oportunidad a las personas con discapacidad de formar parte de nuestra tierra y aportar su trabajo", ha concluido.

En el transcurso del desayuno se ha celebrado una mesa redonda en la que alcaldes de PP, PSOE y Ciudadanos han reivindicado la inclusión de las personas con discapacidad como una "política trasversal".

Así, la alcaldesa de Logroño y vicesecretaria general de Política Social del PP, Concepción Gamarra, consideró que el "reto" del siglo XXI pasa por conseguir que las personas con discapacidad se conviertan en "protagonistas y ciudadanos de primera en igualdad de condiciones con el resto de vecinos".

"Sin las entidades locales y organizaciones como la ONCE no sería posible", ha precisado, para, a continuación, explicar que se trata de un "liderazgo compartido que funciona bien, porque está cambiando las cosas" y "empoderando" a las personas con discapacidad.

A su entender, la firma del Convenio Municip, permite "alinear" a tejido empresarial y ciudadanía en general en la "sensibilización" de una sociedad "con una visión inclusiva y que tenga presente a todos", por lo que lo ha definido como "fundamental". Gamarra ha instado a "sumar fuerzas" en torno a este proyecto y ha animado a los consistorios que ya han suscrito este acuerdo "a contar a aquellos que no lo tienen que funciona".

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Patricia Rodríguez, se ha referido a la accesibilidad como un "proyecto colectivo y de todos" y ha estimado que "todos los ayuntamientos" deberían contar con un consejo municipal para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad e incorporar "cláusulas sociales" en sus procesos de contratación pública.

Rodríguez también ha valorado la intermediación de entidades como Inserta Empleo como "tremendamente importante" para atender a las personas con discapacidad, "que lo tienen más difícil para acceder a un empleo" y ha dicho no entender "cómo no todos los ayuntamientos de España tienen un convenio de estas características", en referencia al Convenio Municip.

Un proyecto "muy fácil de vender, porque el esfuerzo que se pide a la administración local es mínimo", según el alcalde de Vilagarcía de Arosa, Alberto Varela, quien ha demandado una "inclusión e inserción social que sea real".

Las entidades locales "solas no llegan", ha lamentado, por lo que ha constatado la necesidad de que las administraciones autonómicas y estatal "se impliquen y que ello vaya acompañado de los recursos necesarios para implementar las medidas".

"Si no fuera por entidades como Fundación ONCE y estos convenios, no sería posible una inclusión real". "Nos quedaríamos en gestos y palabras, pero no habría inclusión real", ha proseguido.

Finalmente, el alcalde de Villanueva del Pardillo, Luis Sosa, también ha calificado como "fundamental e importante" este tipo de convenios "sobre todo para los ayuntamientos pequeños" que se encuentran "muy solos". Por ello ha agradecido que entidades como Inserta Empleo "lleven de la mano a los ayuntamientos" aconsejándoles sobre "lo que pueden hacer para mejorar su municipio".

La inclusión en las localidades más pequeñas "no puede depender de la suerte", ha dicho, al tiempo que ha exigido "homogeneización en cuanto a las medidas de inclusión social para que todos seamos iguales en oportunidades para sus ciudadanos".

Este desayuno se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA)

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9797146/04/19/El-gobierno-cree-que-la-igualdad-de-las-personas-con-discapacidad-no-es-una-opcion-politica-es-un-mandato-constitucional.html

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