Alrededor de 30.400 personas dependientes murieron en España en 2018 sin beneficiarse de las ayudas a la dependencia a las que tenían derecho, según el dictamen publicado por el Observatorio Estatal para la Dependencia, que refleja una caída de más de mil euros en la inversión por cada persona dependiente en los últimos diez años
En España hay, según los datos de 2018, un total de 1.304.312 personas dependientes, de las cuales 250.037 -el 19%- siguen en lista de espera para beneficiarse de las ayudas contempladas por la Ley de Dependencia. La situación es tal que cada día del año pasado murieron 83 personas sin beneficiarse de las ayudas que les correspondían por derecho.
“No es que fallezcan porque no se les aplicó la ley, pero sí significa que murieron con una vulnerabilidad mayor y sin ver satisfechos sus derechos”, explicó en rueda de prensa el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez.
La mayor parte de los dependientes que sí están atendidos y amparados por la Ley de Dependencia son de los grados II y III, los más severos. De hecho, 776.639 forman parte de estos niveles, mientras que 277.636 son dependientes de menor gravedad.
No obstante, el grueso de desatendidos se concentra en el grado I, donde hay más de 150.000 personas sin beneficiarse de las ayudas a la dependencia, pese a que la lista de espera para este grupo se redujo en 40.000 personas el año pasado. En los grados II y III sólo bajó en unas 20.000 personas, con 98.236 dependientes con mayores necesidades de cuidados que aún esperan sus ayudas.
Actualmente, de todo lo que cuesta una persona dependiente, las familias soportan el 20,6%, mientras que en 2009 tan sólo se hacían cargo del 14,7% de los gastos. Al tiempo que el margen que soportan los usuarios aumenta, la inversión de las administraciones públicas por persona dependiente se reduce, indica el informe.
Esto tendría una lógica si se tiene en cuenta que han entrado al sistema de atención a la dependencia personas del grado I que, al tener menor gravedad, implican un menor gasto. Sin embargo, como observó el presidente del Observatorio de la Dependencia, no se justifica porque sigue habiendo más de 150.000 dependientes de este grado en espera, siendo la mayoría de beneficiarios de los grados más severos.
Si hace diez años el Gobierno central y las comunidades autónomas gastaban 7.687 euros por dependiente y año, hoy sólo invierten 6.580, más de mil euros menos. Esto explicaría por qué las familias soportan más gasto que hace diez años en calidad de copagos, que son, según Luis Barriga, coautor del estudio y miembro de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, un “repago”.
Para Luis Barriga, la inversión en dependencia por parte del Gobierno es “inteligente”, ya que, según sus cálculos, “por cada millón de euros que se invierte, se generan 38 empleos directos y estables”.
De hecho, la tasa de retorno estaría en torno al 40%, de forma que por cada 100 euros que gasta la Administración en dependencia, estaría recuperando 40 en forma de IRPF de los trabajadores o Impuesto de Sociedades de las empresas del sector. Y es que, según el Observatorio, “se han generado 29.000 puestos de trabajo en 2018” en dependencia “sin que hubiera incremento presupuestario”.
Asimismo, el Observatorio Estatal de la Dependencia lamentó que no salieran adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, ya que contemplaban un aumento de alrededor del 60% de los recursos en materia de dependencia, con una inversión total de 2.231 millones.
“Se nos abre un escenario tremendamente peligroso; no alcanzamos a entender cómo es posible que no se hayan aprobado en un asunto con consenso parlamentario como es la dependencia”, señaló Ramírez, que recordó que toda la oposición, a excepción del PP, suscribió junto al PSOE el Pacto de Estado por la Dependencia.
Dada la prórroga presupuestaria y la convocatoria de elecciones para el 28 de abril, desde el Observatorio pidieron al Gobierno que apruebe un decreto para aumentar en 415 millones de euros el dinero para la dependencia, así como que la Diputación Permanente diera su visto bueno para su convalidación.
“Si algún partido lo vetase, condenaría a 30.000 personas a morir sin haber recibido su prestación que le corresponde por derecho”, zanjó.