El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Ministerio de Educación y Formación Profesional que active ya el plan de inclusión educativa del alumnado con discapacidad previsto en la Ley Orgánica 3/2020, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Así lo manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, con la que una delegación de la plataforma representativa de la discapacidad mantuvo hoy una reunión presencial en la sede del Departamento. En el encuentro institucional, en el que participaron también el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el vicepresidente del Cermi y responsable en este de los asuntos educativos, José Luis Aedo, se repasaron los principales temas de la agenda educativa de la discapacidad. Así, el Cermi pidió la convocatoria del Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, órgano oficial de participación y consulta en las políticas públicas de educación dirigidas a las personas con discapacidad, en el que el sector asociativo está representado por el Cermi. Además, desde la plataforma unitaria de la discapacidad se explicaron a la ministra de Educación y Formación Profesional las propuestas de enmiendas del Cermi presentadas a los grupos políticos del Senado para la mejora del proyecto de Ley Orgánica de Formación Profesional, cuyo debate y aprobación están en estos momentos en curso de la Cámara Alta.
Otro asunto abordado en la reunión, planteado por el Cermi, se refirió al condicionamiento de todas las estrategias, programas de cooperación y transferencia de fondos estatales por parte del Ministerio a las comunidades autónomas a que se observen por parte de éstas todas las medidas de inclusión y accesibilidad a los entornos y contenidos educativos, para minimizar la brecha que sufre el alumnado con discapacidad, exacerbada tras la pandemia.
Finalmente, el Cermi instó al Ministerio a modificar la regulación del régimen general de becas y ayudas al estudio para que todas las medidas de acción positiva se extiendan a todo el alumnado con discapacidad desde el 33% de grado, sin limitarlas a porcentajes muy superiores, para no dejar a ninguna discapacidad sin cobertura.