La Fundación Cermi Mujeres (FCM) pide que las políticas de igualdad tengan un enfoque de género y discapacidad para que se considere a los 2,5 millones de mujeres con discapacidad que viven en España.
Esta es una de las conclusiones extraídas del XXVII Conversatorio ‘Las mujeres con discapacidad ante los cambios de gobierno de las comunidades autónomas’ que tuvo lugar ayer martes.
En este encuentro también se puso de relieve que las mujeres con discapacidad necesitan más ayuda, tanto a nivel económico como de formación, por parte de la Administración Pública. El conversatorio fue organizado por la Fundación Cermi Mujeres (FCM) en colaboración con la agencia de noticias Servimedia.
El encuentro, moderado por el director de la agencia de noticias Servimedia, José Manuel González Huesa, contó con la participación de la consejera de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha, Sara Simón Alcorlo; la directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, María Victoria Moreno Saugar; la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad Encinas, y la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero Pérez.
Durante el conversatorio, las cuatro ponentes compartieron su visión generalista sobre la gestión de las comunidades autónomas y el impacto en las mujeres y niñas con discapacidad. Asimismo, reivindicaron la necesidad de servicios de atención que conozcan la realidad de las mujeres con discapacidad y cuenten con profesionales y protocolos.
Caballero enumeró una batería de demandas y principales reivindicaciones de Cermi Mujeres, al tiempo que hizo un análisis de la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad.
En concreto, sobre el tema del acceso a la justicia, afirmó que quieren "trabajar con comunidades autónomas para garantizar el acceso a la justicia” y pidió que “las políticas autonómicas pongan en marcha protocolos para la prevención, protección y atención a la violencia sexual y al acoso escolar que se da en los entornos escolares y dar formación a profesorado y también al alumnado”.
En materia de empleo, y dentro de las reivindicaciones de Cermi Mujeres, Caballero lamentó que haya territorios en España “donde el 80% de las mujeres con discapacidad están fuera del mercado laboral”. Además, señaló que “se trata, no solo de mujeres que no trabajan, sino que no buscan empleo”. Una solución, según Caballero, podría ser la creación de un plan autonómico de la formación y del empleo.
Al respecto de la violencia de género, la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres denunció que “la violencia machista es un generador de discapacidad y muchas están sometidas a chantajes psicológicos y eso puede desencadenar patologías que den lugar a trastornos de salud mental”.
Por último, y tras expresar la necesidad de que “las comunidades hagan una auditoría de accesibilidad de sus recursos para saber que está pasando realmente”, rogó “frenar la peligrosa tendencia al retroceso” porque “los derechos no están conquistados para siempre y por eso debemos ser vigilantes para no dar un paso atrás”.
Seguidamente, la consejera de Igualdad de la Junta de Castilla-La Mancha, Sara Simón Alcorlo, reiteró su compromiso con la igualdad y la discapacidad en un testimonio compartido por vídeo para el conversatorio. “Estamos firmemente comprometidos con la igualdad real entre mujeres y hombres, con especial atención a colectivos como el de la discapacidad donde muchas mujeres sufren la doble discriminación”, subrayó. En este sentido, anunció que desde la Consejería van a combatir esa doble discriminación con la creación de una partida específica de ayudas que luchan contra la discriminación múltiple.
Por su parte, la directora general de la Mujer de la Junta de Castilla y León, María Victoria Moreno, quiso transmitir su testimonio a través de un vídeo bajo un mensaje claro y conciso: “necesitamos políticas de Estado, un pacto que sea un guion”. Asimismo, señaló que este espacio “puede servir para poner de manifiesto políticas y casuísticas y analizarlas”.
Finalmente, la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad Encinas, denunció que “sin tener formación de estructura de género, sin acceso a datos, sería imposible garantizar los derechos humanos de las mujeres”. Y, en este sentido, anunció que en Navarra están en un proceso de consolidación de la arquitectura de la igualdad y cuentan con herramientas para la igualdad y sus organismos autónomos y con mecanismos para garantizar el derecho de mujeres y hombres junto con otros dispositivos. Además, insistió en la idea de que “el diseño de las políticas públicas debe combinar la perspectiva de género y la inclusión y tener en cuenta la discriminación múltiple”.