El año 2018 ha finalizado con una cifra récord de contratos a personas con discapacidad (116.873), pero con una presencia exigua en las empresas ordinarias ya que siete de cada diez contratos tuvieron lugar en el ámbito protegido, es decir en centros especiales de empleo (CEE).
Según denuncia en un comunicado la Fundación Adecco, a pesar de que la ley concibe esta modalidad como un trampolín hacia la empresa ordinaria, esta se está convirtiendo en un fin en lugar de un medio.
Para Francisco Mesonero, director general de la fundación, el reto es establecer en los CEE indicadores cuantificables de tránsito hacia el empleo ordinario.
De lo contrario, advierte, "se corre el riesgo de que, en lugar de constituir una excepcionalidad temporal, se perpetúen como una opción permanente, que choque con el cumplimiento legal".
La presencia de trabajadores con discapacidad en las empresas ordinarias, según Mesonero, encuentra obstáculos, como “unas estrategias de diversidad e inclusión aún deficitarias y un planteamiento inadecuado en el acceso al empleo".
Y a menudo, según argumenta, estas personas plantean su búsqueda de trabajo una vez cumplen 18 años, "sin haber adquirido previamente habilidades prelaborales que es necesario trabajar desde edades tempranas”.
Para el director de la fundación, las cuotas de contratación establecidas en la ley de la discapacidad son "el pilar para neutralizar las tendencias negativas del mercado", pero, a su juicio, "es fundamental que pierdan su matiz coercitivo para convertirse en ventaja competitiva.” EFE
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