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En España, las personas trabajadoras con discapacidad cuentan con un marco legal que reconoce su derecho a la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión en el mercado laboral. Sin embargo, a pesar de los avances normativos, la realidad demuestra que todavía existen obstáculos que dificultan el acceso y la permanencia en el empleo.
La legislación vigente establece medidas claras para garantizar estos derechos. Entre ellas, destaca la obligación de que las empresas con más de 50 trabajadores reserven al menos un 2% de su plantilla a personas con discapacidad, así como el derecho a la adaptación del puesto de trabajo en función de las necesidades individuales. Además, se reconoce la protección frente a la discriminación
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