Centros y servicios adaptados para 405 estudiantes con discapacidad

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) sigue estando a la cabeza en accesibilidad para personas con discapacidad y ha vuelto a colocarse entre las tres mejores instituciones académicas en este sentido.

 

“La accesibilidad es la capacidad para llegar a nuestros objetivos y para poder acceder a todos los derechos y ámbitos de la vida sin barreras de ningún tipo y sin discriminación social, esto permite al colectivo de personas con discapacidad vivir en condiciones de igualdad plena, y en este caso, esta circunstancia se cumple en materia de educación, un hecho que nos congratula”, afirman fuentes de la Confederación Regional, Castilla-La Mancha Activa.

 

Según un informe presentado recientemente por Universia sobre las medidas de inclusión para estudiantes con discapacidad en las universidades -tanto públicas como privadas- españolas, sólo cuatro cumplen con todos los parámetros de idoneidad para atender a este colectivo: la Universidad de Jaén, la Rey Juan Carlos, la Universidad de Deusto en el País Vasco y la castellanomanchega.

En concreto, el informe detalla que, el año pasado la UCLM tenía 405 estudiantes con algún tipo de discapacidad y que todos los centros y servicios estaban adaptados para este colectivo.

 

ÁREAS

 

La universidad castellanomanchega saca muy buena nota en aspectos como la accesibilidad de los edificios o de los medios electrónicos disponibles para estos alumnos, pero también en otras áreas como los programas de voluntariado para ayudar a estos estudiantes o el aprendizaje de idiomas para alumnos con discapacidad auditiva.

Uno de los aspectos que cumple la UCLM y donde fallan más universidades españolas tiene que ver con el asesoramiento específico para personas con enfermedad mental, tal y como se recoge en el estudio que ha realizado Universia, portal especializado en universidades de todo el mundo.

“Este tipo de medidas garantizan que los estudiantes con discapacidad tengan las mismas oportunidades que el resto de los matriculados”, subrayan.

 

Además, hay dos aspectos donde otras universidades todavía están recorriendo un camino inicial y la UCLM ya destaca. Se trata de las acciones relacionadas con la orientación laboral y las que tienen que ver con el fomento del emprendimiento. En ambos aspectos, la Universidad de Castilla-La Mancha es “ejemplo” de accesibilidad y de itinerarios y servicios personalizados para aquellos alumnos universitarios que tiene alguna discapacidad, como lo pone de relieve el citado informe. Por otro lado, se valora de forma positiva los programas de acogida y orientación que tiene la UCLM para los alumnos de nuevo ingreso, así como que los alumnos con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% no tiene que pagar los precios públicos para poder cursar un título universitario. Esta exención total de pago de tasas sí se da en la mayoría de las universidades públicas españolas, al igual que el hecho de que se reserven plazas en las distintas titulaciones para estudiantes con algún tipo de diversidad funcional. Factor que también cumple la UCLM.

 

Castilla-La Mancha Activa argumenta que también es reseñable el trabajo que realiza el Servicio de Apoyo al Estudiante con Discapacidad (SAED), con el que sus asociaciones federadas han colaborado en alguna ocasión.  Su principal objetivo es dar soporte a los estudiantes universitarios con discapacidad matriculados que lo soliciten, tratando de garantizar la igualdad de condiciones y oportunidades y su integración en la Universidad de Castilla-La Mancha, en todos los aspectos que afecten a la vida académica. 

 

Entre sus acciones destacan el acompañamiento, la atención personalizada, donde se analiza de forma individual las necesidades específicas de cada usuario para facilitar su inclusión y participación en el ámbito universitario; el transporte adaptado para hacer posible el desplazamiento a la universidad; la detección de barreras arquitectónicas; la interpretación en lengua de signos tanto de clases y tutorías como de exámenes y revisiones o el apoyo técnico y la adaptación al puesto. Del mismo modo, el SAED ofrece también acciones formativas y de sensibilización dirigidas en la comunidad universitaria y un programa de orientación académica e inserción laboral para los usuarios que están finalizando sus estudios.

El Gobierno acordó  establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, nueva efeméride que, propuesta por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social e impulsado por el movimiento asociativo, tendrá por objetivo conmemorar y reconocerla importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad.

En palabras de Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE),, “la declaración de este Día va a servir para que se siga promoviendo la cultura de los derechos humanos en el ámbito de las personas con discapacidad. Y es que gracias a esta medida, se va a impulsar el conocimiento de los valores y principios recogido en la Convención. Esperamos que sirva para su plena aplicación en todos los niveles políticos y sociales con el objetivo de garantizar todos los derechos de las personas con discapacidad”.

Garantizar los derechos

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. Los principios y los derechos que se reconocen en la Convención comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone la consagración del enfoque de derechos a la hora de diseñar políticas dirigidas a este colectivo.

Como destaca COCEMFE, “gracias a la Convención, se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y el Estado está obligado a garantizar que su ejercicio sea pleno y efectivo”.

De hecho, la aprobación y entrada en vigor de la Convención ha conllevado importantes cambios entre los que desatacan la visibilidad del colectivo de personas con discapacidad dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el hecho de contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.

Como concluye el Gobierno, “la legislación española es una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y está a la cabeza en los países de la Unión Europea en esta materia”.

https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/instituido-el-dia-nacional-de-la-convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad/ 

 

La Fundación CERMI Mujeres denuncia que las mujeres cobran un salario un 14% inferior al que reciben los hombres con discapacidad. Se basa en el estudio ODISMET 2018, que refleja que el salario medio bruto anual de mujeres con discapacidad es de 17.365 euros, frente al de los hombres con discapacidad, que es de 20.614 euros, 3.249 euros más.
 
En relación con las mujeres con discapacidad, la FCM destaca que desde el punto de vista de la interseccionalidad, la discriminación salarial de género tiene mayor impacto que la discapacidad en sí misma, lo que obviamente conduce a que las mujeres con discapacidad reciban las menores retribuciones.

CERMI Mujeres denuncia la mayor precariedad en el tipo de contrato, dado que la temporalidad y la jornada parcial son características que también se dan con mayor frecuencia en las mujeres con discapacidad. Asimismo, la contratación es menor en el caso de ellas.

En cuanto a la segregación ocupacional horizontal, el sector servicios sigue conformándose como el primer generador de empleo, si bien es cierto, que para el caso de las personas con discapacidad este sector tiene aún más peso. Es el único en el que la presencia de las mujeres, si bien inferior, está más equilibrada respecto a la de los hombres (ellas representan el 43% de las personas con discapacidad en el sector). 

El 64,8% de mujeres con discapacidad están consideradas inactivas económicamente, aunque sean ellas las que sigan haciéndose cargo de los cuidados informales. Según los últimos datos publicados por el INE (2016) las mujeres con discapacidad tuvieron la misma tasa de actividad que los hombres (35,2%), a diferencia de lo que ocurrió en la población sin discapacidad, donde los hombres tuvieron mayor presencia activa que las mujeres (83,9% frente a 72,1%). Sin embargo, la tasa de empleo de los hombres con discapacidad superó en 0,4 puntos a la de las mujeres (25,3% frente a 24,9%). Por su parte, la tasa de paro de las mujeres con discapacidad (29,3%) fue superior a la de los hombres (28,1%). Para las mujeres sin discapacidad también fue mayor (21,38%) frente al 17,9% de los hombres, según el INE 2016.

Y brecha en la conciliación

La brecha de género en las tareas del hogar y los cuidados de familia supera los 100.000 millones de euros, un 8,9% del PIB. Es una de las principales conclusiones que se desprenden del segundo estudio de ClosinGap, “Coste de oportunidad de la brecha de género en conciliación”, elaborado por Afi.

Según el informe, que analiza el coste de oportunidad de la brecha de género en el ámbito de la conciliación, las mujeres dedican dos horas más al día que los hombres al hogar y la familia. Teniendo en cuenta el número de hombres y mujeres en edad de trabajar que realizan tareas del hogar y cuidados de familiares, así como el tiempo dedicado a estas tareas, se obtiene que los hombres en España dedican, en conjunto, 37,5 millones de horas al día a los cuidados y tareas del hogar, frente a las 87 millones de horas que dedican las mujeres. 

De eliminarse esta desigualdad, según explicó Diego Vizcaíno, socio de Afi, durante la presentación del estudio, las mujeres dispondrían, globalmente, de 49,5 millones de horas más cada día. “El coste bruto de externalización de estos servicios, es decir, el valor de la brecha de género que supone que las mujeres dediquen más tiempo a estas tareas que los hombres, es superior a los 100.000 millones de euros, un 8,9% del PIB de 2017”, precisó. 

El informe también calcula cuánto supondría en tributos y cotizaciones sociales estos trabajos hoy no remunerados. De serlo, las administraciones públicas podrían ingresar alrededor de 39.659 millones de euros, el equivalente a más de 1,2 veces el importe de los intereses de la deuda del Estado en 2017.

https://diarioresponsable.com/noticias/27262-brecha-salarial-tambien-entre-las-personas-con-discapacidad 

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