Breadcrumbs

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha remarcado  que la igualdad de las personas con discapacidad "no es una opción política, sino un mandato constitucional", por lo que ha recordado que todos "nos debemos ver obligados a cumplir con ella".

Así lo ha indicado durante su intervención en el Desayuno por Talento 'La inclusión social en las políticas municipales', organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad, donde ha defendido que el derecho a disfrutar de la ciudad a través de la accesibilidad "es un postulado universal".

La ministra ha destacado que durante los últimos 50 años se ha avanzado mucho "gracias al impulso de la ONCE y de la sociedad civil, que se han organizado y han puesto estos temas encima de la mesa para lograr una sociedad más tolerante con las necesidades de los ciudadanos".

Batet ha comentado que las administraciones públicas están "al servicio de esas necesidades de la mayoría de ciudadanos, en especial de los más vulnerables", cuyos derechos "hay que proteger para superar sus discriminaciones", ha dicho, al tiempo que ha abogado por establecer un marco normativo "para luchar contra ella", además de "velar por las normas en todos estos ámbitos, actuando ejemplarmente en el ámbito de la función pública para demostrar la igualdad".

La responsable de Política Territorial y Función Pública ha subrayado que las situaciones de vulnerabilidad "no van solas", porque las personas con discapacidad "sufren otras discriminaciones", señalando que dicha discriminación "se acentúa en el ámbito de la violencia de género", por lo que, a su entender, "hay que seguir avanzando y no dejando a nadie atrás, promoviendo la igualdad efectiva y los avances".

100.000 PERSONAS VOTAN POR PRIMERA VEZ

Batet ha valorado, asimismo, que el derecho a voto que ejercerán este año por primera vez más de 100.000 personas con discapacidad en España "dignifica a toda la sociedad" y ha manifestado que de esta forma "se reconoce un derecho que deberían tener desde el principio".

En este sentido, ha apuntado que en unos días se cumplirán 40 años de las primeras elecciones municipales democráticas y ha reconocido que los alcaldes de los pequeños municipios "han sabido responder a las necesidades de algunas demandas" y, "sin excusas, han trabajado por sus vecinos".

"Habéis sido quienes habéis aplicado el dinamismo en vuestros municipios en el avance de las personas con discapacidad, porque las ciudades diseñadas de manera inclusiva responden con servicios y apoyo a quien lo necesita y atienden las demandas de los diferentes colectivos de la discapacidad", ha aplaudido, para, a continuación, instar a "seguir avanzando para que las ciudades inclusivas sean una realidad en nuestro país.

En la misma línea, el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha reivindicado "igualdad de trato", así como de "condiciones, derechos y obligaciones como ciudadanos", para las personas con discapacidad y ha destacado que 100.000 de ellas tendrán la "experiencia ansiada" de votar por primera vez el próximo 28 de abril en los comicios generales.

Carballeda ha advertido de que en los próximos comicios "algo va a cambiar" después de que, "durante muchos años", no se haya permitido votar a un "número importante" de ciudadanos que en la próxima cita electoral podrán ejercer libremente "por ellos mismos su derecho al voto" después de que, "incluso, alguna persona ha dudado de la conveniencia o no de permitirles votar pensando en si tendrían la libertad suficiente o la capacidad de hacerlo".

El presidente del Grupo Social ONCE se ha referido también a la "España vaciada" y, en este punto, ha hecho hincapié en las necesidades y dificultades de las personas con discapacidad que viven en ella, instando a "tener en cuenta" a este colectivo para que "pueda seguir formando parte de su municipio como una persona más".

Por todo ello, ha invitado a "hacer un esfuerzo por todos los ciudadanos, sin excepción, tengan o no discapacidad" y que viven en municipios que, a su juicio, "deberían ser más accesibles para que estas personas no tengan que abandonarlos".

AYUNTAMIENTOS: ALIADOS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL

Por su parte, la secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, ha admitido que, "conscientes de esta realidad", Fundación ONCE e Inserta Empleo tratan de convertir a los ayuntamientos en "aliados para conseguir la inclusión social y laboral de este colectivo", que "lo tiene más complicado que el resto", ya que se trata de un "actor de gran importancia por su proximidad a las necesidades del territorio sobre el que actúan".

A este respecto, en 2016 Inserta Empleo empezó a firmar convenios con municipios que establecen un "marco de colaboración para mejorar la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad". "Demos la oportunidad a las personas con discapacidad de formar parte de nuestra tierra y aportar su trabajo", ha concluido.

En el transcurso del desayuno se ha celebrado una mesa redonda en la que alcaldes de PP, PSOE y Ciudadanos han reivindicado la inclusión de las personas con discapacidad como una "política trasversal".

Así, la alcaldesa de Logroño y vicesecretaria general de Política Social del PP, Concepción Gamarra, consideró que el "reto" del siglo XXI pasa por conseguir que las personas con discapacidad se conviertan en "protagonistas y ciudadanos de primera en igualdad de condiciones con el resto de vecinos".

"Sin las entidades locales y organizaciones como la ONCE no sería posible", ha precisado, para, a continuación, explicar que se trata de un "liderazgo compartido que funciona bien, porque está cambiando las cosas" y "empoderando" a las personas con discapacidad.

A su entender, la firma del Convenio Municip, permite "alinear" a tejido empresarial y ciudadanía en general en la "sensibilización" de una sociedad "con una visión inclusiva y que tenga presente a todos", por lo que lo ha definido como "fundamental". Gamarra ha instado a "sumar fuerzas" en torno a este proyecto y ha animado a los consistorios que ya han suscrito este acuerdo "a contar a aquellos que no lo tienen que funciona".

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Patricia Rodríguez, se ha referido a la accesibilidad como un "proyecto colectivo y de todos" y ha estimado que "todos los ayuntamientos" deberían contar con un consejo municipal para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad e incorporar "cláusulas sociales" en sus procesos de contratación pública.

Rodríguez también ha valorado la intermediación de entidades como Inserta Empleo como "tremendamente importante" para atender a las personas con discapacidad, "que lo tienen más difícil para acceder a un empleo" y ha dicho no entender "cómo no todos los ayuntamientos de España tienen un convenio de estas características", en referencia al Convenio Municip.

Un proyecto "muy fácil de vender, porque el esfuerzo que se pide a la administración local es mínimo", según el alcalde de Vilagarcía de Arosa, Alberto Varela, quien ha demandado una "inclusión e inserción social que sea real".

Las entidades locales "solas no llegan", ha lamentado, por lo que ha constatado la necesidad de que las administraciones autonómicas y estatal "se impliquen y que ello vaya acompañado de los recursos necesarios para implementar las medidas".

"Si no fuera por entidades como Fundación ONCE y estos convenios, no sería posible una inclusión real". "Nos quedaríamos en gestos y palabras, pero no habría inclusión real", ha proseguido.

Finalmente, el alcalde de Villanueva del Pardillo, Luis Sosa, también ha calificado como "fundamental e importante" este tipo de convenios "sobre todo para los ayuntamientos pequeños" que se encuentran "muy solos". Por ello ha agradecido que entidades como Inserta Empleo "lleven de la mano a los ayuntamientos" aconsejándoles sobre "lo que pueden hacer para mejorar su municipio".

La inclusión en las localidades más pequeñas "no puede depender de la suerte", ha dicho, al tiempo que ha exigido "homogeneización en cuanto a las medidas de inclusión social para que todos seamos iguales en oportunidades para sus ciudadanos".

Este desayuno se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

(SERVIMEDIA)

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9797146/04/19/El-gobierno-cree-que-la-igualdad-de-las-personas-con-discapacidad-no-es-una-opcion-politica-es-un-mandato-constitucional.html

España suspende una vez más y se suma a la larga lista del debe en materia de accesibilidad universal y de varios aspectos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU que fue ratificada en 2008, hace exactamente, 11 años.

En la “Consideración de la Discapacidad por los partidos políticos que concurren a las elecciones europeas” acto que se encuentra organizado en el marco sobre la agenda política europea de la discapacidad 2019-2023, en el que participaron por España, Iratxe García, del PSOE; Rosa Estarás, del PP, y Maite Pagazaurtundúa, de Progresistas en Europa, y la candidata Esther Sanz, de Unidos Podemos Cambiar Europa, aunque todos los partidos políticos están de acuerdo y así lo han puesto de manifiesto, consideran que se está mejorando a este respecto pero estamos muy lejos aún de la realidad.

Según Rosa Estarás, del partido popular, España, va muy por delante de otros países de la Unión gracias al apoyo de ONCE y del CERMI, no gracias a los políticos, sino también a estas entidades y a los movimientos sociales y asociativos que están al pie del cañón.

De la misma manera, en el evento se destacó el acta de accesibilidad pero se puso de manifiesto que en torno a la inclusión en el ámbito educativo, “en España aún no existe esta materia, dijeron los políticos, y frente a algunas cuestiones que sí son un ejemplo en Europa, en otras tales como la eliminación de barreras arquitectónicas, el sistema eductativo inclusivo, la adaptación de servicios, el acceso a la información o los derechos de participación, son nulos.”

Las políticas sociales, según todos los mandatarios, obedecen a que la defensa de los ciudadanos con discapacidad está por encima de todo y Europa debe ser más social y debe tener en cuenta a todos y cada uno de las personas. Es del todo necesario reforzar la participación política de todas las personas con discapacidad en la Unión Europea y que todos los estados miembros garanticen el derecho al voto de todos estos sujetos dado que en la actualidad, en la mayoría de países, siguen existiendo restricciones que no debieran ser.

España, refirió Estarás, acaba de modificar la ley electoral para devolver el derecho de sufragio a 100.000 personas por razón de discapacidad y esto, debería ser, en su opinión extensivo a otros países dado que es un mandato de la Convención Internacional de la Discapacidad. De la misma manera, apostó por reforzar tanto el derecho al acceso al empleo y a la educación inclusiva con todos los recursos necesarios.

La eurodiputada socialista, Iratxe García, reclamó que se apruebe en la próxima legislatura una directiva europea sobre la igualdad de trato a fin de reforzar la lucha contra la discriminación por razón de género, discapacidad, edad, origen, etc. y apeló a luchar para que de una manera transversal en todas las políticas públicas Europa sea igualitaria y que no se discrimine por razón de discapacidad; situación que todavía sucede en muchos países.

La Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha constatado el cumplimiento "desigual" por parte de los diferentes municipios con más de 50.000 habitantes de la obligación legal de que al menos el 5% de la flotas de taxis sean accesibles para personas con movilidad reducida.

Esta es una de las conclusiones del informe que la Oadis ha elaborado tras una queja planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), después de que el propio Cermi y Fundación ONCE realizaran un estudio en 2017 que denunciaba que el 63% de las ciudades analizadas no tenían el mínimo de taxis accesibles exigidos.

"De esta forma, se vulnera el Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte por las personas con discapacidad", señaló el comité en una nota.

Ante la denuncia del Cermi, la oficina solicitó información a las comunidades autónomas, y de los informes recibidos, dicho organismo concluye que "no hay un registro estatal o autonómico de las licencias municipales para taxis accesibles". De hecho, la mayoría de autonomías remiten a la Oadis a los ayuntamientos y argumentan que la concesión de dichas licencias y el cumplimiento del porcentaje del 5% se trata de "una competencia municipal". "Eso sí, en algunos casos, las comunidades informan que han implantado medidas de fomento para mejorar el porcentaje de licencias de taxis accesibles para personas con movilidad reducida", agrega la nota.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En concreto, Aragón, La Rioja, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Canarias explican que no cuentan con datos al tratarse de una competencia local, aunque la mayoría solicitará datos a los consistorios.

Por su parte, Andalucía cuenta con datos sobre las ocho capitales de provincia, de las que cumplen el requisito Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Mientras, Galicia y Comunidad de Madrid exponen que se están adoptando "medidas" para avanzar hacia la consecución de la cifra mínima exigida.

Además, la Comunidad Valenciana cuenta con los datos desagregados por provincias y explica que Alicante tiene un 4,62% de taxis accesibles; Castellón, el 16% y Valencia, el 1,73%. Baleares, cuyo único municipio afectado es Palma, sí cumple con el porcentaje mínimo.

(SERVIMEDIA)

https://www.eleconomista.es/espana/noticias/9798736/04/19/Discapacidad-los-municipios-de-mas-de-50000-habitantes-tienen-un-desigual-cumplimiento-de-la-obligacion-del-5-de-taxis-accesibles.html

Joomla templates by a4joomla