La fiscal general del Estado, María José Segarra, considera necesario avanzar "permanentemente" en materia de accesibilidad y acceso a la información y en los mecanismos de lectura fácil de informes, resoluciones y sentencias judiciales, con el fin de garantizar el acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

“Este es un reto para el Ministerio Fiscal, que debe procurar que sus informes puedan estar redactados en fondo y forma de manera que el acceso y la comprensión sea fácil, cómoda y clara”, declaró Segarra en una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’.

Según explicó, se han realizado “grandes avances”, entre los que destaca el reconocimiento del derecho a la legitimación procesal y el derecho de defensa de la persona con discapacidad en los procesos de capacidad que le conciernen.

Asimismo, subrayó los avances realizados en la formación permanente de fiscales en cuanto a discapacidad. “La valoración que se traslada diariamente a las fiscalías y a los fiscales es la de reconocimiento por la disponibilidad existente, y resaltó que esta disponibilidad tiene mucho que ver con la vocación auténtica que tienen quienes se integran en las secciones de lo Civil y se dedican a la discapacidad como especialidad. "En algunos casos tiene que ver con una previa aproximación a la materia por razones personales o familiares", prosiguió, "en otros, se produce por la formación que reciben que, de alguna manera, hace que el interés inicial se convierta en una auténtica vocación de servicio y dedicación”, agrega Segarra.

MISMOS CRITERIOS

También resaltó la labor que se realiza permanentemente para que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cale cada vez más en la acción del Ministerio Fiscal. En esta línea, el pasado mes de junio, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó una guía de fácil uso de la Convención de la Discapacidad por parte de todos los operadores jurídicos.

Según Segarra, “desde la Fiscalía contamos con instrumentos específicos que contribuyen a conseguir que no haya dispersión en la actuación de los miembros de la Carrera. Es lo que llamamos ‘unificación de criterios’". Indica que a través de las circulares, instrucciones y consultas, "desde la Fiscalía General facilitamos los argumentos técnicos que posibilitan la utilización de las leyes y también de los tratados, como es la Convención”.

DELITOS DE ODIO

Por otro lado, destaca en la entrevista el aumento de delitos de odio contra personas con discapacidad que se produjo el pasado año, una realidad a la que la Fiscalía “no ha permanecido ajena”. Así, expuso que la institución cuenta con una red de fiscales especialistas en delitos de odio que se encuentran en cada fiscalía provincial, que “tienen las puertas abiertas para atender a todos, especialmente a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, a fin de realizar las oportunas consultas en cada caso concreto”.

Igualmente, puso en valor la decisión de que se haya aprobado la creación de una fiscalía especializada en personas con discapacidad y mayores, aunque no se puede hacer efectivo un nombramiento de este tipo hasta que el Ejecutivo esté en plenitud de funciones.

Por último, Segarra se refirió a la colaboración que existe entre la Fiscalía General del Estado y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, gracias a un convenio de colaboración firmado en 2006 y que se ha ido reforzando posteriormente para adaptarlo a la Convención Internacional de la Discapacidad. A través de esta vía, la FGE recibe de forma habitual consultas y denuncias, de cuya tramitación se hace cargo, y promueve iniciativas de investigación y estudios dirigidas a profundizar y mejorar la protección jurídica, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

https://www.servimedia.es/noticias/1172249

El número de contratos registrados a personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo cayó un 12,3% entre julio de 2018 y junio de 2019 hasta los 7.336, según datos oficiales a los que ha tenido acceso Servimedia.

Las cifras señalan que el mes en el que más bajó el número de contratos fue agosto de 2018, cuando cayeron un 26,3%. Las provincias en las que más bajaron este número de contratos fueron Soria, con un descenso del 80%; Lérida, donde el descenso fue del 61,4%; Palencia, con una bajada del 60,5%; y Teruel, donde la caída alcanzó el 50% entre los pasados julio y junio.

En cifras absolutas, en julio de 2018 había 8.365 contratos registrados, de los cuales 4.999 correspondían a hombres y 3.366 a mujeres; mientras que en junio de 2019, de los 7.336 contratos 4.474 afectaban a hombres y 2.862 a mujeres.

En junio de este año, las provincias con más contratos de este tipo eran Madrid (con 1.273), Barcelona (733) y Sevilla (461); mientras que Soria, con un único contrato; Ceuta, con 7; Teruel, que cuenta con 8; y Ourense con 9 se sitúan en la parte baja de la tabla.

En términos porcentuales, las provincias donde más crecieron este tipo de contratos fueron Segovia, donde el aumento fue del 260% (ya que pasaron de 5 a 18); Ávila, con una subida del 127,3% (donde se ha pasado de 11 a 25); y Zamora, que registró un aumento del 54,5% (donde subieron de 11 a 17). No obstante, la tabla la encabezaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con unas subidas del 600% y del 266,7%, respectivamente; aunque al analizar las cifras absolutas se observa cómo en Ceuta se pasó de uno a siete y en Melilla de tres a once.

La normativa establece que “los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado”, de manera que sea adecuado a sus características personales y que facilite su integración laboral en el mercado de trabajo.

Este programa de contratación está destinado a los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo que tengan parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%; o bien a personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.

BRECHA DE GÉNERO

Al analizar los datos por género, se observa cómo las mujeres son las más perjudicadas, ya que sus contratos han caído un 15% mientras que los de los hombres lo hicieron un 10,5%.

Para este tipo de empleos, la Administración otorga una subvención de 1.200 euros anuales a las empresas por cada trabajador con discapacidad para financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de su contratación, que podrá ser indefinida o temporal, siempre que supere los seis meses.

Además, la subvención se irá reduciendo en función de la duración de los contratos, así como en función de la duración de la jornada en el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial.

https://www.servimedia.es/noticias/1171723

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) avaló este jueves "los criterios interpretativos sobre los nuevos beneficios para trabajadores autónomos con discapacidad sobrevenida" establecidos por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) porque "aportan claridad y seguridad, por lo que harán más fácil el acceso a los mismos y favorecerá el mantenimiento de las personas que adquieren una discapacidad en el trabajo autónomo que venían ejerciendo".

La TGSS ha establecido criterios interpretativos sobre el alcance y aplicación de las nuevas disposiciones legales en materia de beneficios en las cuotas a la Seguridad Social de trabajadores autónomos con discapacidad sobrevenida, consecuencia de los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 20/2018, de 28 de diciembre, que reformaba el Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007).

Hasta ese cambio legal, propuesto por el Cermi, los trabajadores que adquirían una discapacidad siendo ya autónomos no tenían derecho a acogerse a ninguna reducción en sus cuotas sociales, si continuaban su actividad, como sí les sucedía a los trabajadores con discapacidad previa que se constituían como autónomos.

El documento de criterios interpretativos de la TGSS, que pretende aclarar todos los aspectos de aplicación de estos nuevos beneficios (y al que ha tenido acceso el Cermi), distingue según la casuística y enumera varios supuestos de hecho, formulando una directriz para cada uno de ellos.

Así, se precisa que cuando la actividad por cuenta propia se ha iniciado antes del 1 de enero de 2019 y la discapacidad se ha reconocido después de esta fecha, ante la ausencia de disposición transitoria en la norma (artículos 32.9 bis y 32.10 de la Ley 20/2007, modificados por el Real Decreto-ley 28/2018), se considera reconocible el derecho a disfrutar de los beneficios.

Por el contrario, cuando la actividad por cuenta propia se ha iniciado antes del 1 de enero de 2019 y la discapacidad se ha reconocido antes de esta fecha, pero después del inicio de la actividad, en este caso, se considera no reconocible el derecho a disfrutar de los beneficios.

Otro caso es cuando el trabajador ha disfrutado de los beneficios del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) y con posterioridad se le reconoce la discapacidad; en este supuesto se reabre nuevo derecho a percibir los beneficios, lo cual tiene todo el sentido pues responde a una situación distinta (ahora derivada de discapacidad)

La TGSS también establece criterios para el cao de que el trabajador disfrute de tarifa plana con base en los artículos 31 y 31 bis (no discapacidad) del Estatuto del Trabajo Autónomo, y mientras esté en esta situación se le reconoce la discapacidad. Cuando se dé ese supuesto, se le reconoce nuevo beneficio sobre la base de la discapacidad, extinguiéndose el anterior. "La interpretación se revela correcta, pues responde a una situación distinta (ahora derivada de discapacidad)", subraya el Cermi.

Finalmente, para el supuesto de que el trabajador disfrute de tarifa plana sobre la base de los artículos 32 y 32 bis del Texto legal citado (distinto a discapacidad, por ejemplo, víctima violencia de género) y mientras esté en esta situación se le reconoce la discapacidad, se reabre nuevo beneficio extinguiéndose el anterior.

La valoración del Cermi a esta pauta es favorable, "pues responde a una situación distinta (ahora derivada de discapacidad), aunque las condiciones del beneficio fueran las mismas".

"En cuanto al plazo solicitar el beneficio por discapacidad sobrevenida, no lo hay, ya que la norma legal modificada no dispone nada al efecto, lo cual es consecuencia lógica", razona el órgano de representación de la discapacidad.

Para el Cermi, estos criterios interpretativos sobre los nuevos beneficios para trabajadores autónomos con discapacidad sobrevenida "aportan claridad y seguridad, por lo que harán más fácil el acceso a los mismos y favorecerá el mantenimiento de las personas que adquieren una discapacidad en el trabajo autónomo que venían ejerciendo".

https://www.servimedia.es/noticias/1171589

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